La noticia que comento se trata del caso Mariluz Cortes porque me preocupa el trato hacia las personas involucradas en casos mediáticos . Desde el punto de vista meramente jurídico los jueces tiene el deber, cuando la victima ha sido un menor de edad ,de salvaguardar el honor y la intimidad. En las vistas donde la victima sea un menor esta vetada la entrada de los medios para preservar los derechos del menor. Lo que me llama poderosamente la atención es como los medios se las ingenian para obtener informaciones que son de exclusiva incumbencia del juzgado y de las partes involucradas en el proceso. Lo más escandaloso es hasta que punto puede llegar unos periodistas (aunque sabemos que algunos no lo son porque nunca pisaron la facultad), como pueden llegar a aprovecharse de una persona discapacitada psíquica para arrancarle un relato de los hechos (sean o no verdad) que no contó en el juicio (supongo que por consejo de su abogado). Estuvieron varios días persiguiendo a la mujer de Santiago del Valle hasta que lograron ese testimonio. Ahora esta señora va ha ser acusada de falso testimonio y esta en libertad con cargos. Pues ya ha sido increpada en la calle.
Otro caso sonado hace algunos años fue el del asesinato de los joyeros de Castelldefels. Las actuaciones por esos días estaban bajo secreto de sumario y por lo tanto los periodistas no debían obtener ninguna información para no entorpecer la instrucción del sumario. Pues mi marido vigilante de Seguridad de los Juzgados de Gavá pillo a un periodista que se había colado dentro , ya no recuerdo con que excusa.
Tambien el Caso Rocio Wanninkhof es otro ejemplo, los medios sometieron al escarnio publico a una persona inocente, que después pudo demostrar su inocencia, mucho tardo, pero ya era culpable mucho antes de que pudiera probar lo contrario.
El trato que los medios dan a ciertas noticias denotan una falta de ética profesional y afecta gravemente a los derechos reconocidos por la Constitución: Honor, presunción de inocencia, intimidad, etc.
Deberíamos plantearnos es prohibir toda actuación que pueda entorpecer los procesos judiciales mediáticos o susceptible de serlo, por ley y bajo sanciones de cárcel o in-habilitación profesional.
